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Notas

Samuel Blixen

Documentos del espionaje militar en democracia revelan el interés de los aparatos de inteligencia, en los dos primeros años de la presidencia de Lacalle, por la opinión de dirigentes políticos sobre la relación con los militares.

 

A juste fiscal, privatización de las empresas públicas, reglamentación del derecho de huelga: las principales insignias de la política neoliberal que Luis Alberto Lacalle desplegó no bien asumió la presidencia en marzo de 1990 tuvieron coletazos explosivos cuando los recortes presupuestales afectaron a las Fuerzas Armadas, en la rendición de cuentas de 1992. Diez atentados con bomba, detonación de granadas y ametrallamientos, reivindicados por dos grupos paramilitares (la Guardia de Artigas y el Comando Lavalleja), una virtual insubordinación y acuartelamientos en distintos puntos del país, dieron cuenta a lo largo de ese año y el comienzo de 1993, de las profundas divisiones existentes en el Ejército y en la Armada Nacional.

Lacalle pretendió revertir los términos de una ecuación histórica, esto es, la preeminencia de altos mandos identificados con el Partido Colorado, con designación de oficiales “correligionarios”.  Al mediar su primer año de mandato se propuso corregir la correlación heredada de su antecesor Julio María Sanguinetti: de los 12 generales en actividad sólo cuatro podían identificarse como simpatizantes del Partido Nacional. El ascenso a general del coronel Manuel Fernández, destinado a la Casa Militar, supuso pasar por encima de 44 coroneles; y la designación de su amigo James Coates en la comandancia de la Armada, apenas nueve horas después de ascenderlo a vicealmirante, implicó pasar por encima de 46 capitanes de navío. El esquema se completó con el general Yelton Bagnasco en la División de Ejército 1, el general Mario Aguerrondo al frente de la inteligencia militar, y la designación del general Juan Modesto Rebollo como comandante del Ejército, que obligó al general “de la derecha”, Juan Zerpa, a pasar a retiro.

La política militar de Lacalle, que el ex presidente Sanguinetti calificó de “desastre”, profundizó las fracciones en la interna militar, pero no alteró la “rutina” del anexo del Departamento III de la Dirección General de Información del Estado, que se encargaba de la organización del espionaje extendido a toda la sociedad. La siembra de micrófonos en los despachos del ministro de Defensa, Mariano Brito, del comandante de la Armada y del general Fernán Amado, debió ser ejecutada por otra repartición del Departamento III o por la Compañía de Contrainformación. El anexo se centraba por esos días turbulentos en el espionaje al Partido Comunista, al Mln, al Pit-Cnt y particularmente a los sindicatos de las empresas estatales, además de vigilar a las esposas de funcionarios policiales que preparaban las condiciones de la huelga policial de noviembre de 1992.

Los manipuladores de los infiltrados recomendaban recoger cualquier opinión de dirigentes políticos sobre las Fuerzas Armadas. Así, un oficial identificado con el seudónimo “Adrián”, informaba a fines de noviembre de 1991 las noticias proporcionadas por el agente 836 K-III sobre la interna del Partido Nacional durante una conversación en un café de las inmediaciones de Constituyente y Carlos Roxlo. El espía, a quien Adríán llamaba “Pingüino”, reveló que Enrique Martínez, dirigente juvenil del Herrerismo, había enviado a Libia a Guillermo Aishemberg ( “cercano a la 504” ) y a Gómez Brasil ( “viejo militante del partido” ) para sondear posibles transacciones comerciales con los libios. “Pingüino” detalló trascendidos sobre las reuniones que venían manteniendo algunas personalidades, entre ellas Rodolfo Nin Novoa, Irineu Riet y Alberto Zumarán para la formación de un grupo opositor dentro del partido. El senador Zumarán, dos veces candidato wilsonista a la Presidencia, había denunciado el programa económico y social que estaba aplicando Lacalle y había acusado a 14 jerarcas del gobierno por “implicancias” con la dictadura; era, según Pingüino, la cabeza principal de ese movimiento opositor.

Según el espía, Irineu Riet, “una figura bien vista dentro del partido” , era la persona clave para hablar con las Fuerzas Armadas, “siempre que Zumarán o el Ejército lo consideren necesario” . Habitualmente las reuniones con oficiales del Ejército se realizaban en las cabañas militares de Santa Teresa, “siendo muy asiduas y fructíferas” . El manipulador quiso saber los nombres de los oficiales: “la fuente no pudo precisar con qué militares se ha entrevistado Irineo (sic) Riet, pero sí aseveró las excelentes relaciones con el jefe del Batallón de Infantería N° 12 de Rocha y jefes que administran las cabañas militares de Santa Teresa” .

Por entonces, la llamada “agencia” que reclutaba y comandaba a los espías recibía en agosto de 1991 un pormenorizado informe del agente 951 B-I sobre una reunión del grupo de base 6, del Zonal III del Mln con dirigentes, entre los que se contaban José Mujica, Lucía Topolansky, Jorge Manera, Luis Puime y Omar Alaniz. Entre los asistentes que el espía identificó –y que consignó en su informe– estaba el “Zapa”, un ex preso político que el Departamento III tenía a sueldo como infiltrado en el Mln con el seudónimo “Fabricio”, lo que sugiere que el Zonal III albergaba a más de un espía.

El informe del agente 951 consignaba la opinión de José Mujica, quien proponía que el Mln debía dialogar con los militares. “A las Fuerzas Armadas hay que integrarlas ya que con el Mercosur ellos también se quedarán sin trabajo” , habría dicho Mujica según la síntesis del espía.

El documento del Departamento III confeccionado y archivado el 21 de agosto de 1991 afirmaba que según Mujica “en el Ejército hay caraspintadas, que son los menos malos porque son nacionalistas, y a diferencia de los aprovechadores, estos han tomado siempre las armas para defender el nacionalismo contra el imperialismo y con todos ellos tenemos que ir al diálogo” . El dirigente del Mln afirmaba que “en el Ejército hay sectores o grupos que tienen contradicciones entre sí, y que tratan de acomodarse” . El diálogo según Mujica debía tener como objetivo “solucionar todos los problemas y no dejarlos afuera”.

Las contradicciones que apuntaba Mujica se expresaron un año después en la serie de atentados de las bandas paramilitares y en la crisis de la huelga policial, que dejó al Ejército en estado de asamblea.

El presidente Lacalle se propuso utilizar al Ejército para reprimir a los policías. Quiso saber si los oficiales del Ejército acatarían la orden: “Supongo” , fue la respuesta del comandante Rebollo; el general Fernández consideró que era posible desalojar a los huelguistas, pero “habrá no menos de 30 muertos”. El presidente optó por encomendar al Ejército y a la Armada el patrullaje de la ciudad. En el momento en que firmaba el decreto respectivo, en una sesión del Consejo de Ministros, alguien cortó la luz y dejó a oscuras el Edificio Libertad porque tampoco funcionó el generador.

Fuente: http://brecha.com.uy/

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